Artículo publicado en Cinco Días

 

El objetivo de la fusión de las cortes españolas es posicionar a Madrid como una referencia mundial

 

El conocimiento del arbitraje ha aumentado en nuestro país debido a los numerosos procedimientos arbitrales contra el Reino de España por modificaciones legislativas en materia de energías renovables. Esta popularidad se ha acentuado recientemente con los últimos laudos a favor del Estado, que contrastan con anteriores decisiones a favor de los intereses de empresas y fondos internacionales.

En un contexto donde las empresas españolas tienen una importante presencia en América y Europa, una actividad cada vez más relevante en Asia e incipiente en África, el arbitraje en su modalidad más habitual, comercial, es sin duda la mejor fórmula para la resolución de conflictos.

Al margen de que en ocasiones las jurisdicciones locales no permiten acudir a un proceso judicial con todas las garantías, es habitual que las empresas no quieran someterse a los tribunales del Estado del que es nacional la otra parte, aunque sea un país con instituciones judiciales fiables. Estas circunstancias hacen del arbitraje el procedimiento más indicado para la resolución de disputas gracias a sus ventajas: especialización, independencia e imparcialidad de quienes resuelven la materia; adaptación del proceso al caso concreto, y menor duración y coste que un procedimiento judicial en todas sus instancias.

Pero, para que el arbitraje siga avanzando, el mundo arbitral (partes, instituciones arbitrales, abogados, peritos y hasta financiadores de arbitrajes) tiene que seguir incorporando las mejores prácticas y las más sofisticadas herramientas tecnológicas.

En el terreno de los principios hay que destacar el Código de Buenas Prácticas elaborado por el Club Español del Arbitraje el año pasado, que constituye un hito al ser el único documento a nivel mundial que recoge recomendaciones, muy exigentes, para todos los intervinientes en un procedimiento arbitral. Este Código busca ante todo la transparencia. En ocasiones el arbitraje ha sido considerado como un mundo desconocido salvo para un reducido grupo de iniciados. Para revertir esta tendencia, las instituciones arbitrales más comprometidas han emprendido considerables esfuerzos los últimos años. España se sitúa ahora a la cabeza.

Varias instituciones arbitrales españolas están implementando nuevas plataformas tecnológicas que permiten optimizar procesos y coadyuvar en la eficiencia y la sostenibilidad ambiental (política cero papel). Estas herramientas permiten la gestión ordenada y sistematizada de la documentación de los casos, incluida la generada por instituciones y arbitros, y hacerla totalmente accesible para las partes que, en todo momento, podrán conocer el estado de su procedimiento, de forma segura y confidencial.

Todo esto responde a una nueva cultura que ubica a los usuarios en el centro del arbitraje. La calidad, la eficiencia y la transparencia en el servicio tienen que ser el ADN de toda institución arbitral que quiera ganarse el reconocimiento de las partes.

No debemos olvidar que la autonomía de la voluntad de las partes es la piedra angular del arbitraje. Este principio es el origen de la supresión de las listas de árbitros: dar mayor capacidad de decisión a las partes. Asimismo, la existencia y buen funcionamiento de un comité rigurosamente independiente que, respetando la voluntad de las partes, facilite la selección de los mejores profesionales, garantizando su independencia, imparcialidad y calidad, así como la transparencia del proceso de designación, es la mejor manera de ser respetuosos con la libertad de las partes.

La creación del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM), fruto de la fusión de la actividad internacional de las cortes españolas más relevantes, responde a estas expectativas. El propósito de este centro es posicionar a Madrid como centro de referencia en el mundo del arbitraje internacional y convertirse en líder de los procedimientos internacionales, especialmente los desarrollados en español y portugués.

José Antonio Caínzos es presidente del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM).